Qué cambió y desde cuándo rige
- Ley 74-25 (Código Penal, Gaceta Oficial 11208): introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los artículos 8 a 11. El resto del Código rige desde agosto de 2026.
- Ley 44-26 (Gaceta Oficial 11254): reescribió los artículos 8 y 11 y fijó que los artículos 8 a 11 entrarían en vigor tres meses después del 5 de agosto de 2026, el 5 de noviembre.
- Ley 88-26, promulgada el 5 de noviembre de 2026: modificó el artículo 31 de la Ley 44-26. Los artículos 8 a 11 entran en vigor 18 meses después del 5 de noviembre de 2026, el 5 de mayo de 2028.
Un detalle de fecha: la propia Ley 88-26 dispone que rige desde su promulgación y publicación. Al 9 de noviembre de 2026 no figura todavía en el repositorio de la Gaceta Oficial de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, cuya última edición disponible es la 11266, del 2 de noviembre. Mientras no surta efecto, la fecha formal sigue siendo la de la Ley 44-26, el 5 de noviembre de 2026. Actualizaré esta página cuando la ley aparezca publicada.
Lo que no se aplazó: el resto del Código y la responsabilidad penal de las personas físicas. La Ley 88-26 lo dice en su considerando tercero. Directivos y empleados responden por sus propios actos desde agosto de 2026.
Cuándo responde una empresa
El artículo 8, en la versión de la Ley 44-26, exige dos cosas a la vez: un acto u omisión de sus órganos, representantes o subordinados, ocurrido en su representación; y que ese acto sea consecuencia del incumplimiento de sus «deberes de dirección, control o supervisión».
- No hace falta intención de la empresa. Responde si el hecho es producto de su imprudencia, negligencia, inadvertencia, inobservancia de los reglamentos o violación al deber de cuidado (art. 8, párr. II).
- No hace falta identificar a la persona. Responde aunque no se pueda establecer quién actuó, si se demuestra que el acto solo estaba al alcance de quien tenía la representación, dirección o gestión de la empresa (párr. I).
- No se escapa cerrando. La responsabilidad subsiste después de la disolución o de la transmisión universal de su patrimonio (art. 10).
- Alcanza al grupo. Se extiende a la sociedad que controla a la que cometió la infracción cuando se demuestre que intervino, la ordenó, la dirigió, la autorizó, la toleró, se benefició conscientemente, creó un defecto grave de organización que facilitó su comisión o incumplió su deber de dirección, supervisión y control (art. 11).
Las penas para infracciones graves y muy graves son la multa, las penas complementarias y la disolución (art. 39). La multa va de 50 a 500 salarios mínimos del sector público en las graves y de 100 a 1,500 en las muy graves (art. 40). Entre las complementarias están el decomiso y la clausura definitiva o el cierre temporal, de hasta tres años, de uno o varios establecimientos o de toda la explotación (art. 41).
La empresa no responde si la infracción se cometió solo en su perjuicio, sin beneficio para ella, ni cuando reparó el daño en las infracciones de acción privada o de acción pública a instancia privada (art. 8, párr. V).
Qué cuenta como programa de cumplimiento
Atenúa la responsabilidad un programa que existía y se ejecutaba antes del hecho, adecuado al tamaño, la actividad y los riesgos de la empresa, siempre que se constate que fue real, eficaz, medible y actualizado (art. 8, párr. III.1). También atenúan un programa incompleto seguido de medidas reales de remediación, reparar el daño en las infracciones perseguibles por acción pública, comunicar voluntariamente los hechos antes de tener conocimiento formal de la investigación y cooperar con las autoridades.
Exime solo si concurren dos condiciones: que el programa estaba implementado y fue evadido con maniobras fraudulentas, reportadas por la dirección si las conoció; y que quien lo violó fue un subordinado o alguien ajeno a la dirección, con maniobras que impedían detectarlo (art. 8, párr. IV). Un programa que solo existe en papel no exime.
El contenido mínimo está en el párrafo VI:
- Código de conducta con las obligaciones de órganos, representantes y empleados.
- Identificación de los ámbitos con riesgo penal.
- Medidas de control de esos riesgos.
- Formación continua, incluida la de derechos humanos y no discriminación.
- Un órgano con poderes autónomos de supervisión.
- Procedimientos financieros y contables contra pagos u operaciones ilícitas.
- Protocolo de actuación y régimen disciplinario.
- Canal de denuncia anónima y protección de denunciantes.
- Procedimientos para investigar las denuncias.
- Revisión periódica del modelo.
- Trazabilidad documental.
Mipymes. El órgano de administración puede asumir la función de supervisión, y las medidas se aplican de forma proporcional a la naturaleza, el volumen de negocio y el riesgo de la empresa (art. 8, párr. VII). La proporcionalidad reduce el programa; no lo vuelve innecesario.
Mi lectura: el punto 11 es donde suele decidirse todo. Cuando llegue la pregunta, la empresa tendrá que probar que el programa se ejecutaba antes del hecho, y eso lo prueba sobre todo un registro con fecha.
Dónde entra la IA
El Código Penal no menciona la inteligencia artificial, y pocas guías de cumplimiento en el país la tratan. Pero el artículo 8 pregunta por la supervisión, y en mi experiencia la IA es donde las empresas supervisan menos. Cuando un empleado sube la base de clientes a un asistente de IA, cuando un sistema filtra candidatos o cuando se firma con un proveedor que entrena con sus datos, la empresa está supervisando una conducta, o dejando de hacerlo.
Dos delitos del Código que la IA vuelve más fáciles y más grandes:
- Captación y uso no consentido de datos personales «mediante procedimientos automatizados» (art. 198; la forma dolosa lleva prisión, la culposa solo multa), con responsabilidad de la persona jurídica en las condiciones de los artículos 8 a 11 (art. 199).
- Discriminación, incluido negarse a contratar a una persona, sancionarla o despedirla en vulneración de un mandato legal o constitucional (art. 173, modificado por la Ley 44-26), también imputable a la persona jurídica (art. 174).
El matiz honesto: los dos se persiguen por acción pública a instancia privada (arts. 175 y 199, párrafo), y en esos casos la empresa que repara el daño no responde penalmente (art. 8, párr. V.2). La IA no inventa delitos nuevos. Lo que hace es multiplicar la escala de los que ya existen y borrar el rastro de quién decidió qué, y eso es exactamente lo que el deber de supervisión exige poder reconstruir.
La vara ya está escrita. El Decreto 787-26, anunciado por la Presidencia el 3 de noviembre de 2026, aprobó el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los servicios públicos: evaluación de impacto antes de poner en producción un sistema de alto impacto, usos prohibidos, garantías de trazabilidad exigidas a los proveedores y 180 días de adecuación. Rige solo para la Administración Pública. No obliga a una empresa privada, pero ya dice por escrito qué considera el Estado diligencia al desplegar IA; y si su empresa le vende IA al Estado, esas garantías le llegan por contrato.
La capa de IA de un programa de cumplimiento no es un documento aparte. Se monta sobre los mismos puntos del párrafo VI:
- Riesgos (punto 2): un inventario de los usos de IA, con quién, qué herramienta y qué datos, dentro del mapa de riesgos penales.
- Código de conducta (punto 1): qué se puede hacer con IA y qué datos no entran en ninguna herramienta.
- Controles (punto 3): revisión humana de las decisiones que afectan a personas y cláusulas con los proveedores sobre datos, trazabilidad y salida.
- Supervisión (punto 5): un responsable de la IA con nombre y cargo.
- Trazabilidad (punto 11): registro de qué sistema se usó, para qué y quién lo aprobó.
Si su sector ya está regulado
Bancos, asociaciones de ahorros y préstamos y aseguradoras ya tienen un programa de cumplimiento regulatorio, que no necesariamente cubre los once puntos del párrafo VI del artículo 8. Lo que suele faltar es lo que llega con la IA:
- los usos de IA dentro del mapa de riesgos penales, no solo en el de riesgo operativo o tecnológico;
- una verificación independiente para el consejo: alguien que no diseñó el programa y le dice al consejo, por escrito, si cubre lo que el equipo ya hace con IA.
En un grupo financiero, el artículo 11 lleva la pregunta a la sociedad que controla. Esa capa de IA y esa verificación independiente son lo que hago para este sector.
Si su empresa no está regulada
Manufactura, comercio, zonas francas, clínicas: muchas medianas empresas no tienen programa de cumplimiento, porque hasta ahora no tenerlo no traía consecuencias penales para la empresa. Dieciocho meses son un plazo razonable si se empieza ahora, y empezar ahora importa por otra razón: el programa atenúa si se ejecutaba antes del hecho, y la evidencia de que se ejecutaba empieza a acumularse el día que arranca.
Para estas empresas dirijo el programa completo, incluido el mapa de riesgos penales:
- Diagnóstico de exposición, incluida la IA.
- Mapa de riesgos penales y código de conducta.
- Controles, canal de denuncias y protocolo de actuación.
- Formación y registro.
- Revisión periódica.
Preguntas frecuentes
¿El aplazamiento elimina la responsabilidad penal de las empresas?
No. La Ley 88-26, una vez publicada, cambia la fecha en que entran en vigor los artículos 8 a 11: 18 meses contados desde el 5 de noviembre de 2026, es decir, el 5 de mayo de 2028. El régimen sigue igual.
¿Los directivos y empleados ya pueden responder penalmente?
Sí. El aplazamiento solo alcanza a la persona jurídica. El resto del Código Penal rige desde agosto de 2026, y la Ley 88-26, en su considerando tercero, aclara que no afecta la responsabilidad penal de las personas físicas.
¿El Código Penal menciona la inteligencia artificial?
No. Pero el artículo 8 pregunta si la empresa cumplió sus deberes de dirección, control o supervisión, y lo que el equipo hace con herramientas de IA es parte de lo que la empresa supervisa o deja de supervisar.
¿Sirve un programa de cumplimiento armado después del hecho?
Sirve menos. El artículo 8, párrafo III, atenúa la responsabilidad si el programa existía y se ejecutaba antes del hecho. Un programa incompleto seguido de medidas reales de remediación también atenúa, pero ya no es lo mismo.
¿Una mediana empresa necesita un oficial de cumplimiento?
No necesariamente. El artículo 8, párrafo VII, permite que en las mipymes el órgano de administración asuma la función de velar por el cumplimiento, con medidas proporcionales a su naturaleza, volumen de negocio y riesgo. Lo que no desaparece es la exigencia de que el programa sea real y proporcional si se quiere invocar como defensa.
Fuentes
- Código Penal, Ley 74-25, Gaceta Oficial 11208: arts. 9, 10, 39 a 41, 174, 175, 198 y 199.
- Ley 44-26, Gaceta Oficial 11254: arts. 8, 11 y 173 en su nueva redacción, y art. 31.
- Ley 88-26, texto promulgado (Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo), 5 de noviembre de 2026.
- Repositorio de la Gaceta Oficial, consultado el 9 de noviembre de 2026.
- Presidencia de la República, 3 de noviembre de 2026: «El Gobierno aprueba el Código de Ética de la Inteligencia Artificial…» (Decreto 787-26).
La lectura sobre la IA es del autor, no texto del Código.